La decisión de suspender los servicios de la Agencia Consular de Basilea pone en pie de guerra a los españoles afincados en la región. Las negociaciones con la Administración española se estancan.

Nos encontramos delante de la agencia consular de Basilea, en el número 23 de la calle Steinenring, donde más de 300 manifestantes, entre ellos hijos de emigrantes nacidos en Suiza y miembros de sindicatos suizos, agitan banderas y pancartas, y corean : “¡Sí se puede, pero no quieren!”.

La concentración contra el cierre (“suspensión”, según la Administración española) de la Agencia Consular de Basilea, que de acuerdo a los presentes atiende a más de 10.000 nacionales de la región, tuvo lugar el pasado sábado. Es seguramente una de las mayores protestas protagonizadas por españoles que se haya visto en Suiza en muchos años.

El polémico cierre, anunciado por una mera nota el 7 de mayo, se inscribe dentro de una política global de contención del gasto aplicada por el Gobierno español. Las medidas de austeridad han llevado ya a la clausura de diversos consulados en ciudades como Manchester, Hannover, Sanaa o Nîmes.

“Lo que nos duele es que se cierre una agencia consular que es modélica, mientras el Ministerio de Exteriores abre consulados en sitios incomprensibles como Gaza, Congo o Timisoara, donde apenas existen ciudadanos españoles. Es vergonzoso. Así no se hacen las cosas”, afirma Raquel Pulido.

Esta abogada de origen español lidera, junto con Aurora García, coordinadora del área de Migraciones del sindicato Unia, y los abogados José Tent y Daniel Ordás, este movimiento ciudadano. En apenas unos días, estos juristas han logrado recoger 2.600 firmas reconocidas ante notario.

No se han cumplido los procedimientos legales

“Este es un consulado modelo, en el que se reúnen lo laboral, lo consular y la educación.  Con su cierre se terminan también la Consejería de Trabajo y Seguridad Social o la Agrupación de Lengua y Cultura Española (ALCE), lo que afecta a tres ministerios distintos: Empleo, Educación y Exteriores. Esto hace aún más difícil la comprensión de este cierre arbitrario”, agrega el abogado y político Daniel Ordás.

“Pedimos al Sr. Embajador que viniera en persona a recoger las firmas, pero nos dijo que estaba de viaje y que mandaría a un delegado”, explica Tent. De hecho, fue el cónsul general de España en Berna, Arturo Pérez Martínez, quien acudió en su lugar.

La diáspora también se moviliza contra la reducción de las horas lectivas presenciales de español que, según sus cálculos, afectará a unas 5.000 personas. La ALCE no se suspende, sino que cambia de sede y de sistema. Esta medida, que se aplica no solo en Suiza, significa que los niños asistirán de forma presencial a la mitad de las clases, mientras que cursarán la otra mitad con ayuda de Internet.

Para muchos niños, estas clases representan el único contacto con el idioma materno y una ayuda si algún día sus padres vuelven a España y deben proseguir estudios en el sistema educativo español. “¿Cómo hacemos para que un niño de 7 años se conecte a Internet para sus clases de español?”, se interrogan varios padres presentes.

Los abogados explican a swissinfo.ch la naturaleza exacta de sus reivindicaciones. “Exigimos que identifiquen el proceso administrativo que fundamenta el cierre. ¿Cuál es el expediente que justifica esta acción?”, pregunta Raquel Pulido. “Los damnificados no se pueden defender de la actuación de la administración si desconocen los fundamentos legales de la medida”, según la letrada.

“Lo han hecho todo ilegalmente, en el sentido de que se han saltado todos los procedimientos legales reconocidos por la ley y el derecho que tenemos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a hacer valer nuestros derechos frente a los tribunales. Es un derecho fundamental”, prosigue.

“Y en este caso concreto se refleja en el derecho a recurrir frente a los tribunales las decisiones de la administración. Si no se produce esto, hay indefensión en un procedimiento parecido a los que se dan en una dictadura. Con la democracia la Constitución reconoce en su art. 24 la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental.”

Encuentro con el cónsul

El momento cumbre de la manifestación fue el encuentro entre los representantes de los manifestantes y el cónsul general en Berna, que les recibió personalmente. En un momento solemne delante de la bandera española, Ordás, Tent y Pulido le hicieron entrega del voluminoso libro de firmas y las reivindicaciones del colectivo.

Durante el encuentro, se vio que ambas partes manejan cifras diferentes sobre el número de españoles afincados en la zona. Según el cónsul Pérez Martínez, son 8.800; los organizadores de la manifestación los cifran en más de 15.000. “Y es que no se cuenta a los nuevos emigrantes que llegan en busca de trabajo y no se registran en el consulado”, explica Ordás.

“Hay que distinguir entre cierre y suspensión. Estamos en la misma trinchera, sin duda, pero lo que nos falta es dinero”, explicó a su vez el cónsul español a los reunidos.

“Alguien tendrá que retroceder en este caso. Pero nosotros somos más de 10.000 y la embajada son cuatro; o sea que me temo que los que se retiren no vayamos a ser nosotros”, comentan los manifestantes antes de despedirse.

“Problemas de dinero”

Una vez que se van los demandantes, Arturo Pérez Martínez accede a explicar su versión de los hechos en privado a swissinfo.ch. “Todo se reduce a problemas de dinero. Nos hemos planteado cómo racionalizar el gasto de la mejor manera posible, y dado que en Suiza las distancias son cortas, hemos pensado que no hay mayor perjuicio en viajar hasta Berna, que está a solo 50 minutos. La suspensión se aplica con carácter indefinido a partir del 1 de octubre”, comenta.

Interrogado acerca de si se esperaba una reacción de este calibre y una tal repercusión mediática, Pérez Martínez admite: “Nunca pensamos en enfrentarnos a una tal reacción. Pero aunque me sorprende, la acepto y la respeto”. En cuanto a la continuación, el cónsul explica: “Ahora, todos estos documentos irán a Madrid, aunque me temo que en pleno verano no será el mejor momento para esperar resultados concretos”.

Respecto a las relaciones entre la colonia española y la Administración, al cierre de este artículo el embajador Miguel Ángel de Frutos Gómez comunicó que “no habrá negociaciones” sobre la suspensión del consulado y la modificación de la ALCE. A esto los manifestantes responden con una contrapropuesta que podría implicar hasta 30.000 francos suizos de ahorro mensuales y un modelo más viable de gestión. “Pero si no se nos escucha nos veremos obligados a tomar vías jurídicas y políticas para hacer oír nuestra voz”, zanja Raquel Pulido.

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