139 Estados avalan con sus firmas la futura institución que funcionará en La Haya desde el 1° de julio. La ausencia de algunas potencias atempera el entusiasmo.

El proyecto en sí se remonta a los procesos de 1948 en Nuremberg y Tokio, pero las bases legales de la Corte Penal Internacional (CPI) que este jueves (11.04) surge a la vida oficialmente en Nueva York, con más de las 60 ratificaciones mínimas requeridas, están contenidas en el Tratado de Roma, suscrito en 1998.

Se trata de una "primicia" jurídica, porque tendrá competencia universal y tiempo ilimitado para juzgar a los criminales de guerra y a los autores de genocidio y de delitos contra la humanidad.

Sustituirá a los Tribunales excepcionales de hoy, cuyas competencias se circunscriben a los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia (TPI en La Haya) y al genocidio en Ruanda (TPI en Arusha).

El objetivo es que "en ninguna parte del mundo, ningún dirigente, ningún Estado, ninguna Junta, ningún Ejército pueda violar impunemente los derechos humanos", precisó hace cuatro años el secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Entusiasmo moderado

El espíritu del acta de fundación de la CPI refleja la imperiosa necesidad de dar este paso gigante hacia la universalización del derecho y el imperio del derecho, pero tal propósito encarará dificultades por la ausencia de países influyentes.

Estados Unidos se opone a la CPI por temor a que sus militares deban, en algún momento, comparecer ante el alto tribunal. Algunos republicanos han llegado incluso a proponer una ley que concedería a Estados Unidos la posibilidad de recurrir a la fuerza para liberar a sus ciudadanos juzgados por la Corte.

Rusia tampoco ha firmado el Tratado de Roma, y China - envenenada por el litigio del Tíbet-, menos aún. En ese lote de países renuentes a la creación de la CPI se alinea Israel, ante las amenazas de procesos a su actual primer ministro, Ariel Sharon.

Incluso Francia, uno de los primeros en ratificar el documento, logró incorporar en el texto una cláusula, cuyos términos permitirían a sus militares eludir la acción de la Corte durante siete años.

Suiza colaborará con la CPI

El 12 de octubre de 2001, Suiza ratificó el Tratado de Roma y desde entonces afina las medidas de cooperación con la nueva instancia jurídica internacional.

La Confederación alienta la instauración de un Tribunal "sólido e independiente" afirmó entonces el ministerio suizo de Justicia y Policía.

Dado que la CPI no tendrá órganos de investigación, dependerá en este ámbito de los Estados Parte. Suiza es uno de los que se dispone a colaborar sobre la base de una ley aprobada por el Parlamento y el Consejo Federal.

Un nuevo servicio central, creado para el efecto por el Ministerio de Justicia y Policía, se encargará de tratar las solicitudes de la CPI y decidirá si la petición es admisible. Así mismo ordenará medidas y recomendará a una autoridad federal o cantonal la ejecución de la solicitud.

Para viabilizar tal cooperación, Suiza modificará su derecho interno que no reconoce los delitos de genocidio ni el crimen contra la humanidad.

¿Tigre de papel?

A partir del 1 de julio próximo entra en funciones la Corte Penal Internacional, en La Haya. Como consecuencia de la renuencia unilateral de algunos países, no lo hará con las perspectivas y el compromiso que merece, pero, a pesar de todo, nace con buenas intenciones.

Aunque muchos analistas pronostican que la CPI no pasará de ser un inofensivo "tigre de papel", gran parte de la comunidad internacional apuesta por que se convierta en una verdadera instancia judicial, a donde vayan a comparecer quienes abusan del poder y cometen delitos contra la humanidad.

Juan Espinoza y agencias

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