Desde 2019, los extranjeros deberían recibir un mayor apoyo para su integración en Suiza, pero los recalcitrantes podrían perder su permiso de residencia. El Gobierno adoptó este miércoles nuevas modalidades de aplicación de la ley de extranjería e integración.

La revisión legislativa adoptada por el Parlamento en diciembre de 2016 se basa en el principio de “la zanahoria y el palo” [estímulo y castigo]. Algunas disposiciones ya se han aplicado desde el 1 de enero. Así, por ejemplo, fue anulado el impuesto especial sobre los ingresos procedentes de la actividad lucrativa de los refugiados y las personas admitidas provisionalmente en Suiza.

La segunda parte de las ordenanzas revisadas este miércoles por el Gobierno también debe facilitar el acceso al mercado laboral. Un simple anuncio reemplazará el procedimiento de autorización para refugiados y titulares del permiso F [refugiados admitidos de forma provisional], lo que liberará a los empleadores.

Integración crucial

El texto también especifica las exigencias para los extranjeros en cuanto a los permisos para vivir en Suiza. Válido inicialmente por un año, un permiso de estancia podrá emitirse directamente por dos años si se percibe que la integración evolucionará favorablemente. Pero la falta de integración podría tener severas consecuencias.

Las autoridades no podrán otorgar o extender un permiso si no se cumplen ciertos criterios. La ley se refiere al respeto de la seguridad y el orden públicos como valores de la Constitución, la participación en la vida económica o la adquisición de una formación, así como las competencias lingüísticas.

La ordenanza define los conocimientos exigidos. Cuantos más derechos otorga el estatuto, mayores son las exigencias en cuanto al idioma. El otorgamiento de un permiso de residencia o de establecimiento en caso de reunificación familiar también requerirá conocimientos lingüísticos, pero en caso contrario, la inscripción a un curso de idioma será suficiente.

Prórroga para idiomas

El Gobierno suavizó el texto después de la consulta. Los conocimientos lingüísticos de un idioma nacional se considerarán acreditados no solo para las personas para las que ese sea su idioma materno, sino también para quienes hayan completado tres años de escolaridad obligatoria en ese idioma en lugar de los cinco originalmente propuestos. También se ha agregado un período de transición de un año para la aplicación de las exigencias en materia lingüística.

Las personas que no manifiesten voluntad alguna de integrarse podrán ser obligadas a firmar un acuerdo de integración que establezca las expectativas a su respecto. Sin embargo, los cantones no se verán obligados a concluir tales acuerdos.

El incumplimiento de un acuerdo semejante podría afectar la renovación del permiso. Por ejemplo, un titular de un permiso C (de residencia fija) que no cumpla con los criterios de integración podría perder su autorización y volver al permiso previo, B (de estancia).

Es posible que se exija a los refugiados y a las personas admitidas provisionalmente que reciben ayuda social su participación en programas de integración u ocupación. Si no lo hacen sin una causa justificada, se les podrían reducir los beneficios de la asistencia.

Las autoridades no podrán derogar los criterios de integración para tener en cuenta las circunstancias personales más que en casos limitados por parte del Gobierno, previa consulta. La situación de pobreza de una persona que cuente con un empleo, por ejemplo, podrá ser tomada en consideración, pero no la dependencia de la asistencia social de la cual la persona no sea responsable.

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