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Luego de una violenta campaña, la tensión persiste. La policía cerró el acceso en torno al Palacio Federal en prevensión de eventuales desbordamientos. Keystone / Anthony Anex

La Ley COVID-19 fue aprobada de nuevo este domingo por 62% de votos a favor, lo que significa que las ruidosas protestas callejeras contra el pase sanitario no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población.

Este contenido fue publicado el 28 noviembre 2021 - 12:45
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Una situación tensa

Diversas ciudades suizas han sido escenario de manifestaciones contra la imposición del certificado COVID en los últimos meses.

La tensión, palpable a lo largo de la campaña, no ha disminuido. Las autoridades prohibieron el acceso a La Plaza Federal de Berna este domingo tras la convocatoria a una manifestación no autorizada, para evitar cualquier tipo de disturbios.

Un sésamo casi indispensable

El uso del certificado COVID ha sido objeto de controversia en las últimas semanas y está en el centro de la votación del domingo. Se trata de un documento en formato impreso o electrónico que acredita que la persona que lo posee ha sido totalmente vacunada contra la COVID-19, se ha curado o ha dado negativo.

Este documento suele ser necesario para cruzar las fronteras e incluso es un requisito para viajar por vía aérea. Pero en Suiza también es obligatorio en determinadas circunstancias. Por ejemplo, se requiere para entrar en un restaurante, asistir a grandes eventos con más de mil personas o participar en actividades deportivas o culturales con más de 30 personas.

En otros casos, su uso es opcional y no obligatorio, por ejemplo, en las universidades, las terrazas exteriores de los restaurantes o en el lugar de trabajo. No es necesario para ir de compras ni para el transporte público. En cualquier caso, el certificado parece haberse convertido en un requisito casi indispensable para llevar una vida social normal.

Referéndum

Y aquí es donde radica el problema para los opositores, que consideran que el uso cada vez más extendido del certificado margina a la parte de la población que no lo tiene. Para evitar esta discriminación, las personas deben obtener un certificado, ya sea vacunándose o sometiéndose a pruebas de detección, que ya no paga la Confederación.

En su opinión, esto equivale a una obligación indirecta de vacunarse. Los opositores también desconfían de la vigilancia electrónica masiva que supondría el rastreo electrónico de los contactos inscrito en la ley. Los movimientos ciudadanos no políticos han conseguido reunir el número de firmas necesario para un referéndum, por lo que se convocó de nuevo a la población a votar sobre la Ley COVID.

Desde el punto de vista político, la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) es el único partido importante que aboga por el "no" a la ley. El Gobierno y la gran mayoría de los partidos de derecha e izquierda recomiendan aceptarla. Consideran que el certificado COVID no es un ataque a las libertades civiles, sino un medio para que la población vuelva a tener una vida social lo más normal posible.

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