La firma tradicional debe ser remplazada por la rúbrica electrónica (numérica), considera el Gobierno de Suiza. Para el efecto ha sometido este viernes al Parlamento una ley sobre la estructura y el funcionamiento de las instancias que deben certificar la autenticidad de la firma electrónica.

Es cada vez mayor el número de negocios realizados mediante la red electrónica de Internet, y esta tendencia eleva la importancia de la firma digital, que, gracias a la moderna tecnología de codificación, permite la identificación inequívoca del usuario, aún sin su firma tradicional.

La ley de servicios de certificación (ZertEs en su sigla alemana) suplirá a la ordenanza experimental que rige en la materia desde mayo de 2000. El gobierno se propone de esta manera impulsar el flujo comercial electrónico y dar a la firma digital el mismo valor que a la tradicional rúbrica, a condición de tener el aval de un reconocido servicio de certificación

Para el efecto establece los requisitos que deben llenar los servicios interesados en ofrecer certificados de autenticidad. A este servicio corresponde concretamente la concesión de certificados de autenticidad digitales (numéricos) con claves, uno personal y otro público.

Los signatarios de un contrato concluido por vía electrónica deberán ser reconocibles claramente. Dispondrán de firmas protegidas por claves, privada y pública. De un lado, es una especie de código de acceso personal y, de otro, un perfil del usuario.

Los servicios de certificación deben ofrecer garantías técnicas, administrativas y financieras a los usuarios cibernautas.

El uso de una clave pública permitirá al remitente de un documento electrónico identificar y, llegado el caso, constatar si la firma electrónica pudo haber sido alterada.

Según la ley enviada al Parlamento, el dueño de una clave pública es responsable del mal uso que podría tener su código si no lo guarda en secreto. El gobierno federal detallará en una ordenanza las medidas de precaución. Desde ya queda claro que los servicios de certificación deben ofrecer prestaciones de alta calidad.

En vista de que la labor de los funcionarios depende de una comunicación electrónica segura, sería aconsejable contar con servicios de certificación públicos y privados, proponen los sectores interesados. El ministerio de Justicia y Policía examina actualmente si el Estado debe dar una identidad digital a cada ciudadano, e incluso a cada habitante en el país.

La ley sobre servicios de certificación electrónica sienta las bases para la comunicación electrónica con el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil. Como van las cosas, parece inminente la incorporación de la firma digital en la vida cotidiana helvética.

swissinfo y agencias

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