Que Suiza es una gran potencia en las finanzas y en el comercio de productos básicos no es ningún secreto. Pero pocas personas saben que Suiza importa en torno al 70% del oro del mundo y refina el 50% aproximadamente. Esta posición de gran potencia mundial conlleva una enorme responsabilidad porque –esta es otra cosa que muy poca gente sabe– la minería de oro supone su justa parte de riesgos y problemas.

Un ejemplo de ello son los graves daños ambientales. El trabajo forzoso, el trabajo infantil, la explotación sexual, el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales son también efectos secundarios habituales, junto con la expropiación de tierras de los pueblos indígenas. El conflicto del oro probablemente sea el más terrible de todos. En Darfur y en el este del Congo, por ejemplo, las dos partes en guerra utilizan sus ingresos para comprar armas. El comercio de oro con grupos armados prolonga las guerras.   

Bajo la presión de ONG y parlamentarios, el Consejo Federal de Suiza (Gobierno suizo), el pasado 14 de noviembre de 2018, publicó un informe sobre el ‘Comercio de oro producido incumpliendo los derechos humanos’. En un primer momento, al igual que en el “informe a fondo sobre materias primas” presentado el 27 de marzo de 2013, el análisis del problema parece el informe de una ONG. Pero al proponer que las refinerías compren oro sobre todo a compañías mineras multinacionales, los autores culpan a los mineros artesanales y de pequeña escala de las violaciones medioambientales y de los derechos humanos.

Vidas, en juego  

Algunos hechos. Las pequeñas minas producen solo el 20% del oro del mundo, pero dan trabajo a entre 15 y 20 millones de personas. Los medios de subsistencia de 100 millones de personas en el mundo dependen directa o indirectamente del sector de la minería artesanal. Ignorarlos, porque tienen más riesgo, no puede ser el objetivo del Consejo Federal. Y no es como si las multinacionales mineras estuvieran libres de riesgos. Más bien al contrario: a menudo son responsables de crear enormes montañas de desechos tóxicos, de contaminar el agua con cianuro y de apropiarse de la tierra de las comunidades locales.  

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Igual que con el informe sobre materias primas, el Consejo Federal carece de la voluntad política para aplicar de manera legal las mejores prácticas reconocidas a escala mundial y las medidas recomendadas, como las directrices de la OCDE sobre los derechos humanos en la cadena de suministro de oro. Algunas de las cuales ya han adoptado en sus códigos de autorregulación instituciones industriales, como la asociación del mercado de lingotes de oro de Londres (London Bullion Market Association) y el consejo de joyería responsable (Responsible Jewellery Council).

Los límites de la autorregulación

En un informe extremadamente crítico, la propia OCDE indica debilidades flagrantes en las prácticas de las refinerías. Se limitan a rastrear el origen del oro hasta su proveedor inmediato y hacen, por ejemplo, la vista gorda a lo que sucede antes de eso. Las auditorías destinadas a salvaguardar el sistema de diligencia debida no son adecuadas porque, según la OCDE, las empresas profesionales de auditoría carecen de la experiencia y distancia crítica necesarias.

La UE ha sacado las conclusiones obvias y ha hecho que en el nuevo reglamento de la UE sobre minerales de guerra de 2017, que entrará en vigor en 2021, las directrices de la OCDE sean vinculantes. En cambio, en Suiza, el Consejo Federal se aferra a la posición que ya ha adoptado respecto a la Iniciativa de Empresas Responsables: la autorregulación es mejor que la regulación estatal.

El Consejo Federal se abstiene de adoptar una posición clara, a pesar de que dentro de la legislación actual hay oportunidades fáciles (como mejorar las regulaciones sobre el blanqueo de capitales y usar la Ley y Ordenanza sobre los metales preciosos), y a pesar de los riesgos evidentes y debilidades en la autorregulación de la industria. El estudio de expertos que acompaña al informe compara la situación jurídica de Suiza con la de Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y la India. Puede que sean los competidores más duros de las refinerías suizas, pero estos Estados no son conocidos precisamente por su respeto a los derechos humanos.

Una vez más, el Consejo Federal ha demostrado que se preocupa más por las empresas que por los derechos humanos. Con esto, es probable que se estén poniendo la zancadilla o, al menos, que se estén haciendo un flaco favor y estén dando más munición a quienes apoyan la Iniciativa de Empresas Responsables.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de swissinfo.ch. 

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